Tras un primer convenio firmado en 2006, el CERMI y la Fiscalía General del Estado firmaron en 2017 una novación para adecuarlo a los principios y mandatos de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, ¿qué frutos ha dado en este tiempo este convenio?

 

El Convenio establece un cauce estable para la comunicación y el intercambio de información entre ambas instituciones, respecto de los casos de vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad y esta comunicación es permanente. A través de esta vía recibimos de forma habitual consultas y denuncias de cuya tramitación la Fiscalía se hace cargo.

 

También promueve iniciativas de investigación y estudio, que tengan por objeto profundizar y mejorar la protección jurídica; la igualdad de oportunidades y la no discriminación, de todos ellos. En este sentido, quiero mencionar la Instrucción 1/2017, sobre la actuación del fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual, en cuya elaboración el CERMI colaboró activamente, siguiendo con ello la Práctica recomendada en el artículo 4 de la Convención.

 

Me gustaría citar el manual que se elaboró a raíz de las Jornadas de Fiscales Especialistas en la protección de personas con discapacidad, celebradas en marzo de 2011. Se trata del Manual de Buenas Prácticas de los servicios especializados del Ministerio Fiscal en la protección a las personas con discapacidad y apoyos, en la aplicación de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 que ya es un referente en la materia, dentro y fuera de la Carrera Fiscal.

 

Por último, el Convenio prevé la organización de cursos monográficos o de otra índole, lo que realizamos en los planes de formación, con especial atención a esta materia

 

¿Cómo ha funcionado esta importante vía de entendimiento y cómo valora el trabajo aportado por el CERMI?

 

Con la normalidad, cordialidad y fluidez de la relación de dos instituciones que tienen un objetivo común que no es otro que el desarrollo de los mecanismos de protección de las personas con discapacidad. No se trata de resaltar hechos puntuales porque estamos hablando de cauces permanentemente abiertos con disponibilidad total. Puedo hablar por la parte que corresponde a la Fiscalía y asegurar que se trata de una colaboración muy fructífera.

 

Según real decreto de 12 de abril, el Gobierno creará la fiscalía especializada en personas con discapacidad y mayores, ¿cuándo estará creada y designada la persona al frente de la esta fiscalía?

 

 La actual situación política impide en estos momentos realizar nombramientos de carácter discrecional. Hasta que pueda hacerse, la Fiscalía General ha impulsado la especialización de sus miembros y, en este sentido, se ha creado en el ámbito propio de las Fiscalías Provinciales la especialidad, dentro de las Secciones Civiles, de la Discapacidad y, a nivel de Fiscalías Superiores, la figura del Delegado Autonómico. Por otro lado, las necesarias labores de coordinación y representación son llevadas a cabo por el Fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Ganzermuller, a quien ustedes conocen muy bien.

 

¿Qué primeros trabajos entiende que deben abordarse?

 

En el informe presentado a requerimiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en julio de 2019 se apuntaba que esta Fiscalía de Sala, caso de aprobarse su constitución, se encargaría de todas las funciones que desempeña actualmente la Coordinación de los Servicios Especializados en la Protección de las Personas con Discapacidad de las Fiscalías de las Audiencias  Provinciales,  así como la Delegación de la Fiscalía ante el Foro Justicia y Discapacidad y Delegación en cumplimiento de los respectivos  Convenios con el CERMI y con Aequitas.

 

También incluiría las labores que se están desarrollando actualmente en formación inicial de Fiscales, cursos de formación continuada, e intervención en Jornadas y Foros de debate organizados por las Asociaciones y Fundaciones representantes de las personas con discapacidad; en el Real Patronato de la Discapacidad  y  en el Comité de Apoyo de CERMI,  sin olvidar  las desarrolladas en  las  páginas Web, de las Fiscalías especializadas en protección a las personas con discapacidad y personas mayores. 

 

En el último año se ha registrado un aumento de los casos de violencia contra personas con discapacidad, delitos de odio, tal y como denuncia el CERMI, ¿cómo actúa la Fiscalía General del Estado en este sentido y qué mecanismos se pueden establecer para luchar contra estas actuaciones?

 

La Fiscalía no ha permanecido ajena a estas situaciones. La Circular 7/2019, de 14 de mayo, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal contempla el odio por razón de discapacidad como uno de los supuestos de comisión del delito. Contamos con una red de Fiscales especialistas en delitos de odio que se encuentran en cada Fiscalía Provincial y, y esto quisiera resaltarlo, tienen las puertas abiertas para atender a todos, especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad a fin de realizar las oportunas consultas en cada caso concreto.

 

Las cuestiones de discapacidad son complejas y tienen vocación expansiva, como afirma el CERMI, ¿cuáles son a su juicio las principales tareas necesarias para mejorar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad?

 

Ya hemos realizado grandes avances, entre los que destacamos el reconocimiento del derecho a la legitimación procesal y el derecho de defensa de la persona con discapacidad en los procesos de capacidad que le conciernen. Hay que recordar que, aunque el promotor del procedimiento pueda ser el Ministerio fiscal, el nombramiento de un defensor judicial no debe excluir la comparecencia del presunto incapaz con su propio abogado cuando esa sea su voluntad, pues en otro caso se vulnera su derecho de defensa y a la asistencia letrada. En este sentido se pronunció nuestro Tribunal Constitucional. 

 

Hay aspectos que pueden precisar de una atención más pormenorizada pues los cambios son permanentes, lo que dificulta su implementación, me refiero a la accesibilidad y acceso a la información o los mecanismos de Lectura fácil de informes, resoluciones y sentencias judiciales. Este es un reto para el Ministerio Fiscal que debe procurar que sus informes puedan estar redactados en fondo y forma de manera que el acceso y la comprensión sea fácil, cómoda, clara.

 

¿Cree que sería necesario un trabajo de sensibilización e información en cuestiones de discapacidad entre los profesionales que integran el Ministerio fiscal?

 

Lo creo, por ese motivo lo estamos haciendo. En la formación inicial – aquella que reciben los Fiscales cuando ingresan en el Centro de Estudios Jurídicos- se encuentra incluida en el módulo de la asignatura troncal “La actividad del Fiscal en el Orden Jurisdiccional Civil” y se trata de forma específica: “El Fiscal en la protección de las personas con discapacidad”. En formación continua – la que reciben los Fiscales-, es un tema casi obligado. De un lado, por las jornadas de Fiscales Delegados de lo Civil, de otro por los cursos que se celebran. El pasado año se celebraron dos: “Nuevas perspectivas en la protección de las personas con discapacidad” y “Discapacidad y acceso a la justicia. Hacia un sistema de provisión de apoyo”

 

Desde la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad se espera del Ministerio Fiscal una mayor actividad, al menos más intensidad, en perseguir las discriminaciones y exclusiones que tienen que ver con la ausencia de accesibilidad de los entornos y procesos. ¿Qué puede hacer más el Ministerio Fiscal para atajar la inaccesibilidad generalizada que aún reina en nuestro país?

 

La valoración que se traslada diariamente a las Fiscalías y a los Fiscales es la de reconocimiento por la disponibilidad existente. Esta disponibilidad tiene mucho que ver por la vocación auténtica que tienen quienes se integran en las Secciones de lo Civil y se dedican a la Discapacidad como especialidad. En algunos casos tiene que ver con una previa aproximación a la materia por razones personales, familiares; en otros, se produce por la formación que reciben que, de alguna manera, hace que el interés inicial se convierta en una auténtica vocación de servicio y dedicación. 

 

La Fiscalía, así integrada en el Foro Justicia y Discapacidad, ha procurado también su relación con los profesionales protagonistas suscribiendo convenios con el Colegio General del  Notariado en el año 2006, donde los Fiscales delegados de las CCAA,  formarán parte de la red de puntos de contacto prevista en el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado en materia de protección jurídica de la infancia, adolescencia y personas adultas con capacidad modificada judicialmente o por modificar. También con la Cruz Roja Española, del que se deriva la creación de una red de puntos de contacto entre la Fiscalía y la Cruz Roja.

 

Se han ampliado y perfeccionado los mecanismos de coordinación y cooperación con los restantes servicios de protección sanitaria, social o jurídica de las personas mayores, tanto públicos como privados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con las organizaciones representativas

 

El CERMI ha elaborado recientemente una Guía para operadores jurídicos sobre la Convención de la ONU de la Discapacidad, para que todos estos agentes del Derecho y la Ley, la conozcan más y la apliquen en su día a día. ¿Qué se puede hacer para que este tratado internacional sea un arma permanentemente invocada y puesta en práctica por el Ministerio Fiscal?

 

Cada institución debe asumir su responsabilidad y resulta delicado realizar generalizaciones. Desde la Fiscalía contamos con instrumentos específicos que contribuyen a conseguir que no haya dispersión en la actuación de los miembros de la Carrera. Es lo que llamamos “unificación de criterios”. A través de las Circulares, Instrucciones y Consultas, desde la Fiscalía General facilitamos los argumentos técnicos que posibilitan la utilización de las leyes, y también de los tratados, como es la Convención.

 

Hemos impulsado, conocedores de la trascendencia que la doctrina de la Fiscalía tiene en el ámbito interno y, también, para otros operadores jurídicos, esta producción doctrinal y me gustaría destacar los siguientes textos que se encuentran disponibles en nuestra página web, fiscal.es: La ya mencionada Instrucción 1/2017; la Instrucción 4/2008, “Sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas con discapacidad”; la Instrucción 4/2009, sobre la organización de las secciones de lo civil y del régimen especializado en materia de protección de personas con discapacidad y tutelas; la Instrucción 3/2010, sobre la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas; la Instrucción nº 4/12016, sobre las funciones del Fiscal Delegado de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad de las comunidades autónomas y la Circular 7/2019, de 14 de mayo, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, son buena muestra de ello.